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Un millón de muertos

No me andaré con rodeos. Hace unas fechas, se nos anunciaba, con la frialdad de la pura matemática, que desde la entrada en vigor de la ley que despenalizó el aborto, se habían provocado en España un millón de abortos. Dado el tiempo transcurrido desde esa noticia, hoy el número habrá crecido en varios cientos o miles más.

Pretendo decir a este respecto varias cosas.

En primer lugar, el aborto continúa siendo un delito tipificado en nuestro Código Penal, y lo es porque constitucionalmente debe respetarse el derecho a la vida. Es preciso recordar que solamente en tres supuestos el aborto deja de estar penalizado, sin dejar por ello de constituir una acción antijurídica. Hay que decirlo porque cada día está más extendida la idea de que el aborto es libre, o esa otra de que constituye un derecho. Puede ser que el aborto se esté practicando con una arbitrariedad casi absoluta en España, pero si eso ocurre —casi cien mil casos al año lo atestiguan— es por la sencilla razón de que se vulnera la ley. Por otro lado, hay un abismo insalvable entre lo que es un delito y lo que se puede entender por derecho. No cabe en una mentalidad jurídica que un hecho antijurídico pueda constituir un derecho; en algunos casos, podrá considerarse que no merece o no conviene aplicarle un castigo; pero considerarlo un derecho supone desvirtuar por completo su naturaleza, con las consecuencias de legitimar su reivindicación pública, reclamar facilidades y subvenciones para su práctica, etc. Situaciones todas ellas que originan una aberración jurídica y moral indiscutible.

En segundo lugar, hay que reiterar el valor de la vida humana, o lo que es lo mismo, su intrínseca dignidad. El aborto en sí es un atentado contra esa dignidad, porque devalúa la vida, la convierte en un objeto prescindible, porque para unos el hijo concebido puede constituir un don maravilloso y para otros un estorbo insoportable. Es la relativización absoluta —paradoja habitual en la que se mueve el relativismo— de la persona humana, cuya entronización ideológica carcome los cimientos de la sociedad. Asistimos hoy a diversos ataques contra la vida, en forma de malos tratos, violencia de todo tipo, degradación de la persona a través de diversas formas de adicciones y vicios, cosificación del cuerpo humano, especialmente el de la mujer, y muchas otras lacras. Sin embargo, a pesar de que, desde instancias políticas, se enarbolan con frecuencia programas y medidas para atajar dichos males, estos ni desaparecen ni menguan; bien al contrario, crecen en una espiral terrorífica que nadie parece capaz de contener. No obstante, el razonamiento más simple es el que parece resultar más inaceptable: la pérdida de valor de la vida, la erradicación de su respeto, se encuentra en la raíz de estos problemas.

Llegados a este punto, no puedo ya reprimir unas palabras de indignación. Me sublevo ante una sociedad que se autodestruye, que prefiere fenecer mutilando su capacidad para transmitir la vida antes que ceder un poco en su egoísmo, en su comodidad, en todos esos placeres que ha elevado a la categoría de sentido básico de su existencia. No sé lo que las personas de bien, ciudadanos de a pie, debieron de sentir en la Alemania nazi ante el espectáculo del genocidio que se llevaba a cabo ante ellos. Imagino que no sólo sufrían al contemplar o presentir la muerte de vecinos o desconocidos, conducidos en masa a lugares de los que no volvían jamás. Sospecho que, junto a ese dolor, bullía en sus corazones una rabia impotente sin otra salida que el martirio, por la indiferencia o pasividad de la mayoría de sus conciudadanos, dispuestos a no mover un dedo ni a decir una palabra, dispuestos a no mojarse ni a significarse con tal de no perder uno sólo de sus privilegios. Creo que esta indignación, esta rabia y esta vergüenza debieran levantar hoy a la sociedad española, que resiste con estupefaciente indiferencia el hedor de la sangre de más de un millón de muertos, para demandar incansable el derecho a la vida. Aún estamos a tiempo de detener esta carnicería.